Otros miembros de la organización para la que trabaja en Perú han sufrido también intimidación en el último mes.
La casa de la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, quetrabaja para el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), fue asaltada por primera vez el 24 de noviembre.
Los asaltantes no se llevaron nada de valor, pero dejaron las puertas abiertas de par en par.
La casa fue asaltada por segunda vez el 15 de diciembre, mientras la hija de Mirtha Vásquez y la persona que cuida a la niña estaban de paseo.Los asaltantes rompieron una cristalera, pero no se llevaron ningún objeto de valor.
El 8 de noviembre, la casa de la secretaria de GRUFIDES, Ivett Sánchez, también fue asaltada.
El 14 de diciembre, el automóvil de Sergio Sánchez, asesor que trabaja para la misma organización ecologista, fue objeto de vandalismo.
Todos estos incidentes tuvieron lugar cuando las personas en cuestión estaban ausentes, lo que sugiere que pueden estar siendo sometidas a vigilancia.
Estos incidentes se produjeron poco antes de la fecha prevista para el inicio de la investigación oficial sobre la tortura del padre Marco Arana.
El padre Marco Arana, también defensor de los derechos humanos en GRUFIDES, fue detenido y golpeado por agentes de policía el 4 de julio, cuando protestaba pacíficamente contra el proyecto Conga de minería de oro en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú.
GRUFIDES ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina y que temen el impacto medioambiental que puede tener la expansión del proyecto.
El padre Marco Arana quedó en libertad condicional al día siguiente de su detención.
En julio presentó una denuncia por tortura y abuso de autoridad contra los policías responsables.
En agosto, un tribunal regional resolvió a favor de un recurso de hábeas corpus presentado en su favor que afirmaba que su detención había sido ilegal y arbitraria.
GRUFIDES es una organización no gubernamental centrada en el desarrollo sostenible y las cuestiones medioambientales, que tiene su sede en la ciudad de Cajamarca, departamento de Cajamarca, en el norte de Perú.
Esta organización ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina de oro de Conga, una expansión del proyecto minero, más amplio, de Yanacocha, dirigido por una empresa estadounidense.
Tras un accidente en el año 2000, en el que un camión que transportaba mercurio vertió parte de su carga cerca de Yanacocha, las comunidades rurales temen el posible impacto medioambiental de la expansión del proyecto. Al parecer, los residentes locales no fueron informados del vertido, y algunos miembros de la comunidad presentaron síntomas de envenenamiento por mercurio.
A consecuencia de estos incidentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades peruanas que proporcionaran a la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín y al padre Marco Arana medidas de seguridad cuando estuvieran en las oficinas de GRUFIDES y cuando viajaran a comunidades rurales.
La Corte también ordenó a Perú que realizara una investigación para llevar ante la justicia a los responsables de las amenazas.
No obstante, según los miembros de GRUFIDES, las medidas de seguridad adoptadas han sido inadecuadas, y no se ha llevado a nadie ante la justicia.
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