Informes evalúan los aspectos negativos y positivos, pero hay desconfianza porque son las empresas interesadas las que los pagan
Las protestas en Cajamarca contra el megaproyecto minero Conga han sacado a luz, una vez más, lo obsoleto del esquema bajo el cual se realizan las evaluaciones y estudios de impacto ambiental en nuestro país. Lo que en otros puntos del planeta es un instrumento innovador para garantizar las medidas a adoptarse para minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas de los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura, y con ello generar confianza, aquí se ha convertido en un elemento que abona a la conflictividad social. El problema de fondo es que son las propias empresas interesadas las que pagan por esos estudios. Es lógico que la población desconfíe, porque el asunto da para malpensar que puede tratarse de un traje hecho a la medida del cliente. Ese es el círculo vicioso que debe romperse.
OBSERVACIONES VERDES
El ministro del Ambiente, ingeniero Ricardo Giesecke, ha afirmado ayer que “Conga va, pero no como sea”. Para el ministro, se trata de un proyecto viable que debe ser mejorado. Giesecke ha planteado también la necesidad de establecer “un sistema de monitoreo permanente de las cosas, y eso se podrá acordar cuando las partes se sienten a conversar”. El viernes por la noche se conoció que su despacho tenía varias observaciones al estudio de impacto ambiental, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Su posición es “ver cuáles son aquellas oportunidades en las que se puede enriquecer y se podría mejorar”. Entre las cosas que requieren una salida creativa y aceptable para la comunidad, lo más saltante es el tema de cuatro lagunas que serán vaciadas: dos de ellas contienen oro en su fondo, y a las otras se las pretende usar como depósito de relaves. La minera creará cuatro lagunas artificiales –“trasladará”, dice, como si algo así fuera humanamente posible–, para asegurar el abastecimiento de agua a la población. El tema agua es muy sensible en una zona como Celendín, de tradición agrícola y ganadera, y en estos tiempos cuando los agricultores están viviendo el día a día del cambio climático. Las evaluaciones ambientales implican, justamente, la búsqueda de alternativas y de creatividad para lograr soluciones viables y proteger al ambiente contra daños injustificados, especialmente en el tema agua. En Colombia una fuerte campaña pro agua, cuyo spot ha sido vetado en la televisión de ese país, da cuenta de que para producir un gramo de oro se usan mil litros de agua por segundo, es decir la misma cantidad requerida en un día para satisfacer las necesidades de una ciudad de 600 mil habitantes. Hoy que arranca en Durban, Sudáfrica, la conferencia para reactivar las negociaciones sobre cambio climático, donde participan más de 190 países (y el Perú se encuentra entre los más vulnerables), nada bien le hacen a nuestra imagen internacional conflictos por el agua.
IMPORTANTE HERRAMIENTA
“La evaluación de impacto ambiental es un proceso singular e innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la protección del ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales. También es avalado por la experiencia acumulada en países desarrollados, que lo han incorporado a su ordenamiento jurídico desde hace años”, recuerda en un documento el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo esto debe contribuir al óptimo manejo ambiental, incluyendo la mitigación y compensación por los impactos negativos, y finalmente revertir cualquier descalabro ecológico que se genere por los proyectos evitando que los pasivos ambientales recaigan en las comunidades. Así, se avanza en la senda del desarrollo sostenible y las empresas deben perfeccionar sus prácticas, no rezagarse tecnológicamente y garantizar la sostenibilidad de sus proyectos en beneficio de su propia inversión y su prestigio.
No hay razones para postergar un nuevo enfoque –más transparente, independiente y confiable, donde los interesados no sean quienes eligen y pagan a los consultores– de las evaluaciones y estudios de impacto ambiental y la creación de un sistema que se sostenga en una política nacional ambiental sustantiva que fije como prioridad la conservación y el aprovechamiento racional y no rapaz de los recursos naturales.
PRECISIONES
Evaluaciones a la “gringa”
Desde 1969 la National Environmental Policy Act (NEPA) exige que los ministerios del gobierno federal con responsabilidad sobre acciones que requieren otorgamiento de permisos, financiamiento, o alguna otra acción clasificada como mayor o importante, preparen una evaluación ambiental previa, antes de la construcción del proyecto.
Se aborda el tema ambiental según recurso o tema.
Existe abundante legislación para proteger: la calidad del aire y aguas, especies en peligro, abastecimiento de agua dulce, preservación se sitios históricos y arqueológicos, de ríos turísticos, de costas, terrenos agrícolas y recursos hidrobiológicos.
La NEPA es integral y obliga a examinar todos los impactos ambientales y a comparar alternativas para la calificación de los proyectos.
Se trata de reducir los impactos ambientales por medio de un análisis profundo.
La evaluación de impacto ambiental es la secuencia básica, previa al estudio de impacto ambiental.
RAZONES DEL ÉXITO O FRACASO DE UN PROYECTO – Contexto político.
- Cambios de gobierno y variaciones de política o identificación de nuevas prioridades.
- Variaciones de política económica con nuevas prioridades o modificación de estilos de desarrollo.
- Cambios en relaciones comerciales con nuevas prioridades o modificación de condiciones de mercado.
- Entorno legal/institucional con aplicación de nuevos requerimientos o eliminación de los existentes.
- Inestabilidad de la naturaleza o generación de desastres que provocan cambios de escenarios.
- Falta de diagnóstico adecuado.
- Cambios en tecnología.
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