iles de personas nos movilizamos el miércoles 30 para expresar nuestro rechazo a la política represiva que se viene imponiendo en el país

Miles de personas nos movilizamos el miércoles 30 para expresar nuestro rechazo a la política represiva que se viene imponiendo en el país, con estados de emergencia, persecución política y muerte de trabajadores y ciudadanos. Asimismo, para solidarizarnos con las luchas del pueblo de Cajamarca y Espinar. El saldo de 12 peruanos asesinados por protestar en el tiempo que tiene el actual gobierno, avizora que puede incrementarse el número de muertos en los próximos días, siendo el responsable el Presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, quien debería renunciar. La derecha política y económica que ha copado gran parte del régimen de Ollanta Humala exige mano dura para silenciar la voz de las poblaciones ajenas al crecimiento económico que tanto se ufanó Fujimori y García. Mientras las mineras incrementan sus utilidades en base a los privilegios que ciertos políticos de turno cautelan, las poblaciones colindantes gracias a un Estado corrupto y en muchos casos ausente, siguen sufriendo de las consecuencias de la pobreza que se expresa con carencias de acceso a servicios básicos públicos y privados, que todo país digno y en crecimiento debe proveer a sus ciudadanos. En Cajamarca, los grupos de poder económico han decidido enfrentar pueblo contra pueblo y usando a dirigentes que respaldaron al Fujimorismo, además de la presión a los trabajadores de las mineras y sus familias, pretenden generar en la opinión pública que existe un respaldo a la viabilidad del proyecto. Para nadie es un secreto los mecanismos de coacción que usa Yanacocha para lograr su propósito de seguir envenenando el medio ambiente cajamarquino. Aquí no hay una mayoría silenciosa, como dicen algunos voceros despistados, sino una ciudadanía cautiva temerosa de perder sus puestos de trabajo, algo que es aprovechado por las mineras, las cuales tienen en el Perú a más del 75% de sus trabajadores en services y contratas, es decir con derechos laborales recortados. En el caso de Espinar, la minera Xstrata usurpa a través de una fundación las funciones de las autoridades elegidas y se niega a solucionar los problemas ambientales, causados por el yacimiento que explota, algo que no pueden eludir los inversionistas en el Perú y en cualquier país del mundo. Las acciones políticas de la empresa pretenden mostrar que el conflicto solo es económico, cuando en la realidad es también de respeto al medio ambiente y al orden legal y jurídico en la provincia cusqueña. La impunidad con que actúan Yanacocha y Xstrata demuestra que este tipo de minería debe ser eliminada del país. El Perú votó para que se terminen los abusos de las mineras. Necesitamos una minería responsable que tome en cuenta la opinión de la población y por encima del enriquecimiento de sus accionistas, para lograr un verdadero desarrollo nacional, a través de la preservación de los recursos naturales y el respeto a los derechos humanos, sociales y laborales de todos los peruanos y peruanas. Exigimos al gobierno que se respete la estabilidad económica y social de las poblaciones y no solo de las empresas y que se deroguen las normas que criminalizan la protesta. Reiteramos nuestra solidaridad con Cajamarca y Espinar y con todos los pueblos que exigen justicia social y convocamos al país a una Jornada Nacional de Lucha el 12 de julio Más